Lola Fernández
El Consejo de Administración celebrado en la tarde del pasado jueves ha aprobado las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria (AP) correspondientes al ejercicio 2022. En estas cuentas se ratifica el beneficio de 2,4 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento del 53% respecto al 1,22 millones obtenidos en el ejercicio anterior.
Ésta función supone una de sus competencias tal y como recoge el artículo 39.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La aprobación se realiza una vez la Intervención General de la Administración del Estado emite su informe de auditoría anual, con resultado favorable del organismo auditor en cuanto a su concordancia con las cuentas anuales y su elaboración conforme a la normativa reguladora.
Un 6% más de ingresos
La cifra de negocio del Puerto o ingresos subió un 6,22% hasta los 9,7 millones de euros, de los cuales el 85% corresponden a las tasas aeroportuarias y un 15% a las tarifas.
Las cuentas anuales del ejercicio 2022, según señala la IGAE, “han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad, y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
El resultado del ejercicio después de impuestos es positivo lo que permite continuar con el principio de sostenibilidad financiera de la entidad con ausencia de endeudamiento externo.
Entre las fuentes de financiación resultantes destacan las subvenciones de fondos europeos MRR destinados a inversiones en mejora de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad.
Infracciones normativas
Por otro lado, la Autoridad Portuaria (AP) se ha adaptado a la directiva europea sobre información relativa a infracciones normativas y lucha contra la corrupción con la creación de un “Sistema interno de Información”. Su finalidad es dispensar la adecuada protección frente a represalias a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea o conductas irregulares de las que tengan conocimiento.
