El turno de oficio de Marín en huelga: sin abogados no hay justicia

Los abogados del turno de oficio del partido judicial de Marín, que integra Marín y Bueu, han decidido sumarse a la huelga para reclamar una mejora de las condiciones laborales.
30 de diciembre de 2023

Nadie sabe lo importante que resulta el turno de oficio hasta que no lo necesita, sin embargo, estos abogados que realizan una labor encomiable, defienden a gente que no tiene recursos para pagarse un abogado y que sin ellos, estarían indefensos ante los abusos, ha decidido parar en Marín. Los abogados del turno de oficio del partido judicial de Marín, que integra Marín y Bueu, han decidido sumarse a la huelga para reclamar una mejora de las condiciones laborales.

Se trata de que estos letrados coticen a la Seguridad Social y que los servicios prestados se reconozcan a todos los efectos como trabajo, porque ni cotizan ni computan para concursos u oposiciones, ni tampoco cuentan con los derechos para solicitar permisos (fallecimiento de un familiar, enfermedad propia, etc). Los abogados de oficio son los expulsados del sistema.

Remuneraciones inaceptables

La remuneración por sus servicios resulta siempre inaceptable, pero además los cobros suelen demorarse más de lo debido. Tampoco tienen derecho al descanso ni a la desconexión digital.

El pasado mes el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, puso en valor en el Parlamento de Galicia las retribuciones realizadas en los últimos años a los profesionales del turno de oficio a través de los convenios con el Consejo de la Abogacía Gallega y con el Consejo Gallego de los Procuradores de Galicia, pese a no tratarse de una competencia de la Xunta. Así, las compensaciones se incrementaron en un 15% de promedio segundo los baremos consensuados hasta 2025.

Hace falta aclarar que estos baremos actualmente vigentes contemplan cantidades diferentes en función de la jurisdicción, tipo y fase del procedimiento. Se acordaron con los colegios de abogados y procuradores en 2021 y están vigentes desde lo cuarto trimestre diera ejercicio durante un período de 4 años. Este acuerdo permitió -destacó Diego Calvo- que Galicia se situara en los primeros puestos a nivel estatal en la compensación la estos profesionales.

Competencias estatales

Por otra parte, cuanto a la actual huelga de los profesionales del turno de oficio, el vicepresidente primero aclaró que se trata de reclamaciones al Gobierno central que se suman a las de otros agentes de la Administración de Justicia en los últimos meses. En esta línea, hace falta señalar que la competencia básica en justicia gratuita es estatal, sin perjuicio de que la Xunta sea pionera y cubra por convenio conceptos que no contempla la normativa estatal.

Por ese motivo, tampoco es competencia de la Xunta fijar los servicios mínimos de la actual huelga convocada por estos profesionales al no tratarse de funcionarios públicos, ni personal al servicio de la Administración de Justicia y, por lo tanto, no existir relación contractual. De todas formas, pese a no tratarse de competencia autonómica, el Gobierno gallego financia la asistencia jurídica gratuita en favor de personas sin recursos suficientes mediante compensaciones a través de los colegios profesionales y reserva para este fin 14,2 millones de euros en los presupuestos de 2024.

Así, la Xunta colabora con 200.000 euros con el Consejo de la Abogacía Gallega en la compensación de los costes de la asistencia jurídica gratuita por requerimiento judicial a los letrados designados en virtud de requerimiento judicial cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho de asistencia gratuita.

Galicia es además de las únicas comunidades que incluyen el acompañamiento inicial a víctimas especialmente vulnerables, esto es, mujeres víctimas de violencia sexual y menores víctimas de delitos de violencia. Mediante un convenio con la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad y el Consejo de la Abogacía Gallega se destinaron este año más de 159.800 euros a acciones de atención jurídica la víctimas de violencia sexual por parte de profesionales especializados en delitos contra la libertad sexual. Otros 30.000 euros se invirtieron en otro acuerdo dirigido a la asistencia a menores de edad en el ámbito de la lucha contra la violencia.

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