Lola Fernández
Si no le ha tocado el Gordo de Navidad, no se desespere. Quizás sea usted uno de los muchos hipotecados que tiene que decidir entre pagar la hipoteca o malvivir. Para ellos, el Gobierno ha decidido ofrecer facilidades a quienes la carga hipotecaria le pesa demasiado. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un nuevo paquete de medidas dirigidas a las familias más afectadas por la subida del Euribor (el tipo de interés de referencia de las hipotecas a tipo variable), que prevé mejorar la vida de un millón de hogares, según la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Lo primero que ha cambiado es el umbral de renta para poder beneficiarse, que aumenta de 3,5 a 4,5 veces el IPREM, lo que supone que podrán acceder hogares con una renta anual de hasta aproximadamente 38.000 euros. Además, se amplía en 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios a tipo variable y la conversión a tipo fijo y se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto.
En 2023, las solicitudes recibidas por las entidades financieras de los hipotecados que querían acogerse al Código de Buenas Prácticas hipotecarias y recibidas por el Banco de España ascendieron a 55.000 hasta el pasado mes de septiembre, la cifra más alta de peticiones, lo que pone de manifiesto su necesidad.
Medidas de alivio de los deudores hipotecarios
Una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos. En cualquier caso, las medidas que propone y pueden solicitarse a su entidad financiera consisten en:
- La congelación del tipo de interés durante 12 meses, es decir, la congelación de la cuota durante ese periodo.
- La extensión del plazo de amortización de hasta 7 años.
- Y para familias con renta inferior a 25.200 euros (3 veces el IPREM) se añade también la carencia de 2 años.
La aplicación de los Códigos de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios suscritos con el sector financiero para hipotecados vulnerables, puesto en marcha hace un año, se planteó como una medida preventiva para dar una red de seguridad a los hipotecados más afectados por la subida de los tipos de interés, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera.
Familias con rentas inferiores a 29.400 euros
La protección se extiende a las familias de clase media vulnerables como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria: el nuevo Código de Buenas Prácticas será aplicable a los hogares con renta inferior a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -unos 29.400 euros anuales- que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%.
Para estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable al principal que se aplace y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años. Este nuevo catálogo de medidas permitirá hasta a 700.000 familias adaptarse gradualmente al nuevo escenario de tipos de interés, según ha sostenido Calviño.
Entre las iniciativas aprobadas, se incluyen otras dirigidas a reducir aún más todos los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo y a eliminar las comisiones por amortización anticipada y por conversión durante 2023. Además, el Banco de España elaborará una guía para deudores hipotecarios en dificultades, y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.
Alivio para 300.000 hogares con hipotecas
Con ello, se refuerza el actual Código de Buenas Prácticas para los hipotecados vulnerables, aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. En concreto, se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euribor más 0,25% al Euribor menos 0,10%.
Además, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión; se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual, y se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.
Se amplía, además, el ámbito del Código para que se aplique a más de 300.000 familias. Así, los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.
La inclusión financiera para los mayores
Respecto al protocolo suscrito en febrero de 2022 para garantizar la inclusión financiera de los mayores y personas con discapacidad, todos los participantes han valorado muy positivamente las medidas adoptadas, que están dando lugar a una mejor atención, más cercana y adaptada.
Se han producido avances en la atención presencial, mejoras en horarios de atención al público, con un 82,2% de oficinas con horario ampliado; el incremento hasta el 94% del número de cajeros adaptados y 277.000 personas mayores que recibieron formación financiera en el primer semestre, además del aumento en un 12% de la figura del consejero senior.
Para garantizar la protección a las personas mayores en todo el sector financiero, el Gobierno eliminará antes de final de año las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla. Se mantendrá, asimismo, el seguimiento trimestral y la comunicación de los avances para poner en marcha las mejoras necesarias en su caso.
El ámbito rural, Ofibuses
Respecto a la hoja de ruta para la inclusión financiera en el ámbito rural, suscrita por las patronales sectoriales en octubre de 2022, también se han producido importantes avances en el último año. Hasta la fecha, se ha logrado dar cobertura, a través de la instalación de cajeros u otras modalidades alternativas como los Ofibuses, a más de 200 municipios, el 93% de los municipios de más de 500 habitantes que no disponían de punto de acceso a servicios financieros hace poco más de un año, lo que supone una inclusión de más de 200.000 personas que viven en el ámbito rural.
La vicepresidenta ha trasladado en la reunión del objetivo debe ser que el 100% de los municipios de todos los tamaños puedan acceder a servicios financieros, con soluciones adaptadas a sus especificidades territoriales y de población. Asimismo, se ha previsto ampliar la información que figura en el registro del Banco de España, de manera que figuren las formas más novedosas de prestación física de servicios financieros, para favorecer la identificación de posibles carencias y continuar avanzando en la cobertura efectiva de todo el territorio nacional.
Defensa del Cliente Financiero
Finalmente, la vicepresidenta primera ha comunicado a las patronales de las entidades de crédito, a los representantes de los intereses de los usuarios financieros y al Banco de España el relanzamiento del proyecto para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Nadia Calviño ha reiterado que es un proyecto prioritario para el Gobierno, que actuará como colofón para completar el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros. Según se ha trasladado, se ha dado carácter prioritario y urgente a su tramitación con el fin de que pueda constituirse lo antes posible.
Durante la reunión se han analizado también otros asuntos relacionados con la situación del sistema financiero y, en particular, las incidencias que se han producido en las últimas semanas en el sistema de pagos. Se ha acordado poner en marcha distintas medidas para reforzar la seguridad y la confianza de los usuarios y evitar que se repitan episodios similares.
