Durante el pleno ordinario de febrero, el gobierno municipal llevó a aprobación un reconocimiento de crédito para el pago de 773 facturas que estaban pendientes de 2025. Tal como explicó el teniente alcalde Manuel Santos » se trata de suministros ya ejecutados que deben ser liquidados en estos primeros meses tras el cierre del periodo anterior«. La mayoría de ellas tienen que ver con servicios y suministros, completando el listado las relacionadas con obras menores o mantenimiento.
Cada año, se produce la misma situación administrativa en la que se desde el departamento de intervención se da cuenta de forma favorable aunque recuerda la necesidad de promove fórmulas ejecutivas que puedan dar solución a la recurrencia de pagos que, en algunas ocasiones, se repite el servicio regularmente y que deberían llevarse a una licitación normalizada.
Crítica reiterada
El portavoz socialista Manuel Pazos mantuvo su crítica como en años anteriores a «esta ejecución reiterada donde quedan aplazadas facturas desde agosto y que, a pesar del cierre presupuestario se tienen que pagar en el nuevo ejercicio». Pazos advirtió que el número de facturas va aumentado cada año con lo que se evidencia un desface en el cierre contable.
Por su parte, la concejal del BNG, Davinia Lojo, se sumó a la queja sobre el uso recurrente de lo recnocimientos de crédito extrajudiciales para arreglar las cuentas y asumir el pago de las facturas pendientes. En concreto, Lojo hizo referencia a alguna de esas facturas para solicitar explicaciones como una correspondiente a un medio de comunicación comarcal por 2.000 euros.
Justificación del PP
El responsable de Urbanismo y Hacienda del gobierno municipal, Manuel Santos respondió a la postura de los grupos en la oposición con el argumento de los problemas que vienen sufriendo las administraciones locales por la regla de gasto que deben cumplir y que les impiden usar los remanentes del presupuesto anual para el pago de proveedores o para inversión.
Contexto de la LOEPSF
La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, incorpora en el ordenamiento español el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria, fija un marco fiscal estricto para las administraciones públicas, incluidas las entidades locales.
Esta normativa fue aprobada en el contexto de la crisis de deuda soberana, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y cumplir los compromisos de la UE. Por ello, se asumió a partir de la reforma constitucional que modificó el artículo 135, estableciendo límites estrictos de déficit y deuda para todas las Administraciones Públicas (Estado, CC.AA., Entidades Locales y Seguridad Social) para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo y cumplir con la Unión Europea.
En virtud del artículo 32 de la LOEPSF, cuando un ayuntamiento alcanza remanentes positivos de tesorería se establece que, a partir de las reglas fiscales vigentes, esos recursos deben destinarse prioritariamente a la reducción de la deuda pública, siempre dentro de los límites de endeudamiento permitidos y con el fin de fortalecer la sostenibilidad financiera municipal.
Esta obligación responde al cumplimiento de las reglas fiscales que, tras recuperarse en 2024 tras años de suspensión por la pandemia, vuelven a condicionar la gestión local.
Reivindicación de la FEMP
Desde mediados de 2025, la FEMP ha venido exigiendo al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda que permitan a los ayuntamientos utilizar su superávit (remanentes) para inversiones financieramente sostenibles en 2025 y 2026, en lugar de obligar a destinar esos recursos exclusivamente al pago de deuda.
En este sentido, la FEMP ha valorado con “expectación” el anuncio del Gobierno de considerar medidas que flexibilicen el uso de remanentes, sobre todo para construir vivienda pública, aunque ha reclamado que estas medidas se concreten de forma efectiva y escuchando las demandas municipales.
