Durante el último pleno municipal, el gobierno local de María Ramallo ha abierto la puerta a externalizar el servicio de limpieza viaria en Marín debido a las últimas quejas de la vencidad. La propuesta del PSdeG partía de una iniciativa para renovar la maquinaria municipal con la compra de una máquina decapadora, un equipo que permitiría reforzar la limpieza en las calles y mejorar la eficacia del servicio.

El portavoz socialista, Manuel Pazos, justificó la iniciativa con un repaso a la situación actual de la limpieza viaria, convertida en motivo recurrente de quejas ciudadanas. Durante el verano, recordó, se multiplicaron las denuncias por el estado de calles y papeleras, o por la acumulación de orines en distintas zonas del casco urbano, una imagen que colectivos vecinales y comerciantes han trasladado repetidamente al Concello.
Los socialistas
Pazos incidió en la falta de personal y en una maquinaria envejecida, con equipos que superan en algunos casos las tres décadas de uso. De ahí la propuesta de incorporar una decapadora, tecnología ya habitual en muchos ayuntamientos, que permite mejorar la limpieza sostenida del viario.

El portavoz socialista señaló además que la plantilla se queda a menudo en mínimos porque el Concello no cubre las vacantes, ya sea por bajas o jubilaciones. Según detalló, de los 13 puestos recogidos en la RPT, varios no están ocupados de forma efectiva.

La enmienda del PP
La moción del PSdeG fue respondida por el grupo mayoritario del PP con una enmienda que proponía externalizar el servicio de limpieza viaria. La concejala responsable, Marián Sanmartín, defendió que se trata de una de las inversiones esenciales para el mantenimiento tanto urbano como rural, y recordó que en los últimos 14 años se han ampliado turnos y reforzado áreas como la limpieza de playas o el desbroce en el rural.

El PP rechazó la propuesta socialista argumentando que la compra de nueva maquinaria supondría un gasto superior, sin partida disponible en el presupuesto. Sanmartín defendió que una gestión externa permitiría estabilizar el servicio, mantener la actual plantilla y reforzarla en momentos de alta actividad —fiestas, eventos o picos estacionales— sin depender de contrataciones puntuales.
El grupo socialista rechazó la enmienda del PP por considerarla ajena al objetivo inicial de la moción y una vía para introducir una nueva privatización de servicios municipales. Por su parte, la propuesta socialista quedó finalmente rechazada con los votos de la mayoría popular y el apoyo del PSdeG y el BNG.
Críticas del BNG
El grupo municipal del BNG expresó su sorpresa ante el planteamiento del ejecutivo municipal. Su portavoz, Lucía Santos, consideró que la respuesta del PP supone optar por una privatización “que no resolverá los problemas inmediatos” que sufren los vecinos y comerciantes.

Santos recordó que en 2022 el BNG ya había presentado una moción pidiendo un plan municipal de reorganización del servicio, propuesta que —afirmó— no ha tenido avances desde entonces.
Debate en toda la comarca
La limpieza viaria es uno de los servicios más costosos para cualquier ayuntamiento, especialmente para Marín, cuya extensión es mayor que la de otros municipios de su entorno. Desde 2013, el gasto municipal en esta materia ha aumentado en torno al 57%, superando en la actualidad el medio millón de euros anuales.
Cada vez más concellos optan por modelos externalizados o mixtos. Pontevedra, por ejemplo, mantiene un contrato integrado de recogida de basura y limpieza por unos 11 millones de euros anuales; Sanxenxo, con limpieza de playas incluida, ronda los 4 millones. Otros como Poio, Cangas o Bueu combinan gestión directa y servicios externalizados.

La renovación de maquinaria para la limpieza y la recogida de residuos en los municipios de la comarca no depende siempre de compras directas de los ayuntamientos. En muchos casos, las inversiones viajan “ocultas” dentro de los grandes contratos integrados del servicio, donde es la empresa adjudicataria quien asume la compra de vehículos y equipos, que a veces revierten al Concello al finalizar la concesión.
Este modelo permite modernizar la flota sin cargar el gasto al capítulo de inversiones municipales, pero también dificulta el seguimiento ciudadano del coste real de cada máquina.
