La discusión sobre las residencias de mayores en Galicia ya no puede abordarse desde la retórica, sino desde los datos. Y los datos son elocuentes. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con información del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Galicia contaba en 2024 con 25.017 plazas residenciales para personas mayores. La ratio es de 3,43 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
El estándar técnico que utilizan numerosos organismos europeos y estatales de planificación social sitúa la referencia en 5 plazas por cada 100 mayores. No es un capricho estadístico: responde a criterios demográficos, epidemiológicos y de dependencia.
Para alcanzar ese umbral, Galicia necesitaría al menos 11.509 plazas adicionales —y estimaciones previas elevaban el déficit a casi 14.000—. Incluso admitiendo debates metodológicos sobre el indicador, la conclusión es clara: existe un desfase estructural.
A escala estatal, la situación tampoco es homogénea. España dispone de entre 395.000 y 412.000 plazas residenciales (2023–2024), pero para cumplir el mismo estándar serían necesarias unas 90.000 más. Comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha presentan mayor equilibrio, mientras otras —Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia— permanecen por debajo del objetivo. Cantabria, por ejemplo, con 6.387 plazas y una ratio cercana a 4,59, está más próxima a la referencia que Galicia.
Datos desde Galicia
En este contexto, Galicia parte de una doble condición: una de las poblaciones más envejecidas del Estado y una cobertura claramente inferior a la recomendada. Además, la presión demográfica no se detiene. La generación del “baby boom” avanza hacia edades de mayor dependencia mientras la red pública y concertada crece a un ritmo más lento que la demanda.
Modelo de cuidados
Las instituciones europeas han venido insistiendo en un modelo de cuidados de larga duración que combine calidad asistencial, accesibilidad y financiación pública suficiente. El pilar europeo de Derechos Sociales reconoce el derecho a cuidados asequibles y de calidad para las personas mayores y dependientes.
No se trata solo de número de plazas, sino de garantizar que el acceso no dependa exclusivamente de la capacidad económica de las familias.
Por eso, cuando se debate sobre dotaciones concretas —como la posibilidad de incorporar una residencia pública de mayores en desarrollos urbanísticos como el ámbito de Raposeiras en Marín— no estamos ante una reivindicación aislada. Estamos ante la traducción local de un problema estructural respaldado por evidencia estadística.
Planificar suelo para equipamientos asistenciales no es un gesto simbólico; es anticiparse a una realidad demográfica. Una residencia pública no solo aliviaría listas de espera y desigualdades territoriales, sino que reforzaría el tejido comunitario, generaría empleo estable y contribuiría a fijar población.
La pregunta ya no es si Galicia o, en particular Marín, necesita más plazas residenciales. La cuestión es si las administraciones asumirán que el cuidado digno de las personas mayores es un derecho social y una obligación pública. Los datos, al menos, no admiten discusión.
