Por el escritor Marcos Villar
La arquitectura judicial parece haberse convertido en un laberinto de espejos donde la justicia, más que ciega, parece estar practicando un ejercicio de contorsionismo constante.
Cuando observamos la condena a Ábalos, Koldo y los 4,5 años de Aldama —quien, por la alquimia habitual de nuestras penas, no pisará un centro penitenciario—, la sensación que queda no es la de un sistema que limpia, sino la de una puesta en escena. Es como si el derecho se hubiera transformado en una partida de ajedrez donde el lawfare es el término que todos gritan para no explicar por qué las piezas se mueven siempre en beneficio del tablero.
El contraste entre las medidas cautelares de Calama y Peinado es, quizás, donde la herida es más profunda. La disparidad de criterios ante Zapatero y Begoña Gómez no es solo técnica; es una radiografía de la arbitrariedad. Parece que el martillo del juez pesa diferente dependiendo de qué mano lo empuñe o contra quién se levante.
¿Qué nos hace pensar todo esto? Que el Estado de Derecho se ha convertido en una teatralidad de despacho. Mientras la ciudadanía asiste al espectáculo, se impone una conclusión ácida: la justicia no busca la verdad, busca la gestión del impacto. Nos han vendido una balanza que, en lugar de equilibrarse, oscila caprichosamente entre la impunidad de los que «ayudan» al sistema y la exposición pública de quienes, por el motivo que sea, han sido elegidos para encarnar la caída.
Al final, este baile de sentencias y cautelares nos deja la sospecha de que, si buscas justicia, mejor no mires demasiado cerca de los tribunales. Porque cuando el derecho se vuelve una herramienta de guerra —o de supervivencia política—, el único que pierde siempre es el ciudadano que todavía cree en la equidad.
