Las tres entidades implicadas, Adif, Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia acordaron que los equipos técnicos trabajen de forma conjunta para definir la solución más adecuada a la eliminación del paso a nivel ferroviario en Placeres. Al encuentro asistieron además de estos representantes, los técnicos de Augas de Galicia y de la Axencia Galega de Infraestruturas.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó en la sesión la necesidad de coordinación entre todas las partes para abordar una intervención que calificó de “compleja”, debido a la concurrencia de distintas competencias administrativas.
Inversión 9,2 millones
Losada recordó que Adif confirmó la obligatoriedad de ejecutar el proyecto para eliminar el paso a nivel ferroviario de la zona, con una inversión prevista de 9,2 millones de euros, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de España dictada en 2007. Aunque reconoció que la solución técnica planteada no resulta plenamente satisfactoria para ninguna de las partes, subrayó que no existe margen legal para evitar su ejecución.
Uno de los principales puntos de discrepancia se centra en la canalización de las aguas pluviales y del riachuelo procedente de Lourizán.
Mientras el ente ferroviario plantea una infraestructura de mayor tamaño, un cajón de cuatro por un metro, el Concello defiende una conducción de menor diámetro para resolver el problema del drenaje.
Adif, a favor del soterramiento
Entre las alternativas planteadas figura que Adif ejecute la infraestructura principal hasta la carretera PO-546 y que el Ayuntamiento complete posteriormente la intervención en el ámbito de su competencia. Otra opción sería autorizar de forma provisional al Concello a realizar una obra de emergencia en todo el trazado, que más adelante sería sustituida por la solución definitiva.
La ejecución de las obras ferroviarias aún deberá esperar. Adif prevé iniciar el soterramiento una vez aprobado el proyecto modificado, un trámite administrativo que podría prolongarse cerca de diez meses al superar las modificaciones el 20 % del presupuesto inicial.
Paso a nivel ilegal, según TSJ
Desde el Concello de Pontevedra, el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, valoró la reunión como un avance significativo para desbloquear una situación que se arrastra desde hace años. El edil destacó la buena disposición mostrada por las distintas administraciones para encontrar una salida a un problema que calificó de especialmente complejo.
Según explicó, el origen del conflicto se remonta a las actuaciones realizadas en la plaza de Os Praceres para eliminar el paso a nivel ferroviario en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, que obligaba a suprimir estas intersecciones por considerarlas ilegales. A partir de ese momento se desencadenó una cadena de actuaciones y retrasos administrativos que terminaron por bloquear la intervención en la zona.
La situación también mantiene paralizadas las obras en la antigua carretera de Marín, cuya ejecución depende de una solución técnica definitiva por parte de Adif. El ente ferroviario adjudicó en 2023 los trabajos para los pasos soterrados, pero el proyecto debe ser modificado a raíz de los requerimientos planteados por Augas de Galicia. Por otra parte, Mosquera se mostró crítico con la propuesta actual de Adif, al considerar que no cuenta con el respaldo municipal ni vecinal y podría incluso empeorar la situación del entorno.
Reducir inundaciones
El bloqueo administrativo también ha impedido hasta ahora que el Concello pueda ejecutar sus propias actuaciones para mejorar el drenaje de la zona, ya que parte de las intervenciones previstas afectan a terrenos bajo competencia de Adif.
Desde el gobierno local señalan que tanto Augas de Galicia como la Axencia Galega de Infraestruturas valoran positivamente esta propuesta, ya que supondría una mejora sustancial de la situación actual y permitiría reducir los problemas de inundaciones de cara al próximo invierno.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno anunció que promoverá un encuentro entre responsables de Adif y la asociación vecinal de Os Praceres, con el objetivo de informar directamente a la ciudadanía sobre las obligaciones legales derivadas de la sentencia judicial y los pasos previstos para resolver definitivamente el conflicto en el paso a nivel.
