Desde hace muchos años, el Concello de Marín, según han advertido desde el departamento de prensa, financia el 50% de los gastos de castración, pero ahora, desde el verano, el consistorio ha asumido el 100% del control de natalidad de la colonia de gatos en el descampado de Méndez Núñez, Capirota y otras zonas, en colaboración con voluntarios y Seixovet.
Además, el Concello está adherido al Plan CES de la Diputación de Pontevedra, que supondrá la castración de 200 gatos a lo largo de los próximos meses.
La Ley de Bienestar Animal 7/2023 en España reconoce a los gatos ferales como «seres sintientes», es decir, que son seres vivos que sienten y sufren y, por todo ello, se les otorga protección, obligando a los ayuntamientos a gestionar sus colonias mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
Esta normativa vuelve a ponerse sobre la palestra después de abrirse una nueva polémica en redes sociales en torno a los felinos que se ocultan en el terreno de la Calle Méndez Núñez. Lo leído en esas redes sociales y escrito por algunos «individuos», por llamarles de alguna manera, incrementa la sensación de inquietud entre los animalistas.
Costes veterinarios
A esto se suma también la identificación correspondiente con un microchip y registro adecuado en la base de datos de Galicia, así como la asunción del coste por los servicios sanitarios en caso de necesitarlos.
Los gatos de las colonias no están solos. Gracias a la compasión de algunos seres humanos y a la normativa, que no prohíbe alimentar a los felinos callejeros, cede la gestión a la responsabilidad municipal, y las ordenanzas locales para que regulen la alimentación de dichas colonias. En el caso de no cumplir estas normas, el Concello puede recibir multas de hasta 200.000 euros.
Multas a los Concellos
Las multas más leves para los Concellos se sitúan entre 500 y 10.000 euros. Las infracciones graves, de 10.000 a 50.000 euros, y las muy graves, de 50.000 a 200.000 euros.
Entre los comportamientos que pueden ser objeto de sanción destacan «no cumplir con la obligatoriedad de poner microchip y registro de gatos antes de los seis meses de edad», «no esterilizar a los gatitos antes de los 6 meses de edad», «permitir que un gato permanezca sin supervisión más de 72 horas». Las sanciones son impuestas por el órgano competente de la comunidad autónoma tras un procedimiento sancionador.
Buenos días,
Por fin el sentido común se impone. Ojalá estas medidas se pongan cuanto antes en práctica. Enhorabuena por el artículo que lejos de ser alarmista, informa verazmente la realidad diaria donde los animalistas y gente de bien intentamos resolver con los pocos medios de que disponemos. Muchas gracias!