En una declaración pública este viernes, Abel Losada expresó su respaldo a una medida que, de formalizarse, supondría un refuerzo específico de los mecanismos judiciales destinados a atender los casos de violencia de género en la provincia de Pontevedra.
Según explicó, el proyecto de real decreto se encuentra en una fase inicial de tramitación administrativa, aunque espera que avance con rapidez en los próximos meses, en consonancia con iniciativas similares ya impulsadas en otras localidades españolas.
El subdelegado también avanzó que, más allá del impulso inicial en el entorno del tribunal de instancia de la capital, existe la posibilidad de que en el futuro este ámbito de especialización se amplíe a otros partidos judiciales del norte de la provincia.
Esta apuesta se enmarca en la tendencia general de consolidar y ampliar la respuesta institucional ante la violencia machista, un problema social persistente que en España cuenta con una red de órganos judiciales especializados y sistemas de seguimiento como VioGén que buscan proteger a las víctimas.
500 nuevas plazas
Este anuncio del Subdelegado del Gobierno viene relacionado con la aprobación del Ministerio de Justicia sobre la creación de 500 nuevas plazas judiciales para 2026 para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
La creación de medio millar de plazas en un año, una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.
