Hay noticias que uno lee con la incredulidad de quien comprueba que la realidad, cuando se empeña en ser zafia y cruel, supera cualquier ficción. Lo ocurrido en el número 46 de la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda, con Maricarmen —una mujer de 87 años con graves problemas de movilidad y más de siete décadas en su casa— desahuciada por un fondo de inversión tras multiplicar su renta hasta un alquiler imposible para su modestapensión, es la radiografía perfecta de los nuevos tiempos: una mezcla de codicia voraz y absoluta falta de decencia.
Lo verdaderamente grotesco no es solo que una entidad insensible decida echarla a la calle porque sus hojas de cálculo exigen más rendimiento;
es el esperpento de comprobar que el sistema entero, con sus inercias y sus leyes, bloqueó con fría y burocrática eficacia cualquier salida civilizada.
Conviene señalar las responsabilidades sin paños calientes ni excusas institucionales.
Engranaje legal
Estos días se echa balones fuera argumentando que este engranaje legal hunde sus raíces en normas intocables y sentencias firmes avaladas por el Supremo, amparándose en la defensa sacrosanta del derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Pues bien, si eso es cierto, la culpa recae de forma directa e inexcusable sobre todos los gobiernos de la democracia, incapaces durante décadas de derogar leyes lesivas, de limpiar el sistema de privilegios especulativos y de legislar con valentía para blindar el derecho a la vivienda.
Esto, por supuesto, no exime al actual Ejecutivo, cuya incapacidad manifiesta para frenar estos abusos o acertar con medidas urgentes —enredado en complejos límites competenciales donde el Estado carece de varitas mágicas o mecanismos de coerción excepcionales fuera de la ley— pone de relieve una alarmante desconexión con la calle. ¿Hasta dónde puede llegar la fuerza de un fondo de inversión? ¿Cómo es posible
que se le permita multiplicar la renta de un inquilino de esta manera, saltándose los límites estrictos que cualquier propietario particular tiene acotados por ley en la revisión anual?
Gigantes financieros
El absurdo alcanza cotas increíbles cuando uno analiza los movimientos de estos gigantes financieros y su asombroso poder de presión. Se impidió por la vía rápida que el Gobierno habilitase un decreto de urgencia o un mecanismo de tanteo para proteger a la afectada, y se vetó, con la misma desfachatez, que una escritora anónima se hiciese cargo de pagar religiosamente el alquiler para evitar el drama.
O James Rhodes, pianista y escritor, confirmó públicamente que intentó pagar el alquiler primero, comprar la vivienda después, negándose la empresa a ambas opciones. A estos tiburones del cemento no les interesaba el dinero de la renta mensual; les interesaba el desalojo, el piso limpio de estorbos humanos y la pura especulación financiera sobre el suelo.
Desde la perspectiva del derecho de propiedad, el blindaje desmedido de estos fondos demuestra que el ordenamiento jurídico prioriza la ingeniería mercantil sobre la función social de la vivienda consagrada en la Constitución. Para ellos, una persona de 87 años es simplemente una
línea contable amortizable. Y lo más vomitivo de su doble juego es comprobar la jugada: mientras exprimen el embudo judicial hasta el extremo y ejecutan el lanzamiento con pulso de hierro, simultáneamente filtran a la Comunidad de Madrid que quieren negociar y que le dejarían disponer de la vivienda. ¿A qué estamos jugando con la vida de las personas?
Luego llega el momento de ejecutar el desalojo, flanqueado por un cordón policial que blindó el perímetro para impedir que los medios documentaran de cerca el operativo, con la policía rompiendo la puerta con una palanca.
Detengámonos aquí un instante: por supuesto que son trabajadores cumpliendo órdenes y nadie discute la cadena de mando, pero conviene preguntar con honestidad: ¿era estrictamente necesario semejante
despliegue de fuerza, cordones de seguridad y ocultación de testigos frente a una octogenaria? ¿Dónde quedó el criterio de proporcionalidad o esa mínima humanidad que debería filtrar la aplicación ciega del derecho? Históricamente, en las mejores tradiciones de resistencia pacífica, se ha hablado de la célebre y sutil “huelga de bolis caídos”, esa manera elegante de recordar que la obediencia debida no está reñida con la inteligencia práctica y que hay trámites que se pueden demorar.
Pero se prefirió la eficacia marcial, el ariete, la rotura de bisagras y la ocultación, demostrando que a veces el Estado es implacable con los débiles y sumisamente servil ante los poderes económicos. Las consecuencias de normalizar estas estampas son aterradoras porque erosionan los cimientos de cualquier convivencia digna. Mientras las administraciones miran sistemáticamente hacia otro lado, agazapadas en su inacción, la calle se convierte en una selva.
Por eso es tan necesario y saludable que la gente salga a la acera a protestar: porque maricármenes hay todos los días, suceden de continuo y cualquiera de nosotros puede convertirse en una en cualquier momento; ese abuso mercantil no se puede ni se debe tolerar.
Al final, contemplando cómo estas corporaciones desalmadas a las que pomposamente llamamos “fondos buitre” —un término demasiado noble para unos simples mercaderes de la miseria ajena— campan a sus anchas mientras se derriban puertas con nocturnidad, cordones de seguridad y máximo rigor, a uno solo le queda la amarga sensación de que la legalidad actual se ha olvidado por completo de la decencia. Porque en este país hay miles de casos similares, y quizás va siendo hora de admitir de una vez por todas que el problema habitacional no nace de los apartamentos turísticos, de la patológica cantinela de la ocupación ni del pequeño propietario que logró comprar un modesto piso con el sudor de su frente; el verdadero cáncer son estructuras depredadoras blindadas por las leyes.
Menos mal que una parte de la sociedad ha decidido plantarse en la acera. Al menos, ese destello de dignidad ciudadana nos recuerda que la calle sigue siendo nuestra. Ante tanta desproporción institucional y tanta montaña pariendo ratones de oficina, los clásicos ya lo zanjaron con precisión milimétrica: Parturient montes, nascetur ridiculus mus.
